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Organización comunal para que la democracia funcione

Alexis de Tocqueville, después de haber recorrido los Estados Unidos y Canadá en los años 30 del siglo XIX, escribió su obra “La democracia en América”, una obra clásica de la ciencia política donde contrasta el sistema de gobierno de ese país con el de Francia destacando como la carencia de una aristocracia apoderada de la tierra, promovió una igualdad relativamente pronunciada basada en el acceso a los medios de producción y la autoorganización de las comunidades elevando la importancia de los estadounidenses comunes en el acceso poder político y promoviendo la descentralización del poder. Esta obra contribuyó a generar y difundir el concepto de capital social como un componente del desarrollo y la democracia. No obstante, dicho concepto a pesar de su amplia difusión en textos de política y filosofía no había sido operacionalizado y por ende no era considerado por los economistas en los proyectos de desarrollo. No fue sino a raíz del estudio de Robert Putnam sobre la descentralización en Italia “Para hacer que la democracia funcione” que dicho concepto adquiere legitimidad teórica y operativa. Putnam destaca, entre otros factores, la importancia de la cantidad de organizaciones autónomas como elemento explicativo del desarrollo regional y realiza la primera operacionalización del concepto de Capital Social.


A partir de entonces dicho concepto empieza a evolucionar y ser tomado en cuenta por el Banco Mundial y otras agencias de desarrollo, como elemento operativo.


Es interesante que a pesar de haber aflorado e incorporado como categoría de desarrollo, para auscultar las condiciones regionales o locales favorables existentes y estimular con políticas o servicios la organización. Sin embargo, no se le ha dado, por parte de los llamados organismos de desarrollo la misma relevancia al sistema ni se han ponderado las condiciones existentes que estimulan y acompañan los procesos genesíacos de organización. Estas condiciones actúan tanto impulsándolos como desalentándolos.


Acciones sistémicas

Las experiencias de reforma agraria después de la II guerra mundial, en Japón, Corea y Taiwán impulsadas por los Estados Unidos en parte por la urgencia política de entonces, pero fundamentalmente para estimular el desarrollo de los mercados internos que estaban cautivos por las estructuras agrarias latifundistas. Estas reformas, apoderaron con medios de producción a amplios sectores campesinos y contribuyeron a generar una clase media que incidiría posteriormente en las transformaciones políticas de esos países.


Otra suerte corrió la reforma agraria impulsada con fondos del Programa Alianza para el Progreso, para contrarrestar la Revolución cubana. Los fondos de este multimillonario programa administrados por los estados latinoamericanos se utilizaron en muchos casos para “colonización”. Esta resulto ser la compra de fincas alejadas a buen precio de los políticos, para realizar asentamientos de campesinos en las remotidades sin vías de comunicación ni servicios básicos.


Contrasta en ambos casos como la decisión política de hacer una reforma agraria, hecha desde el poder de militar de la ocupación, funcionó en Asia apoderando a los beneficiarios, pero no así en América Latina, donde la resistencia de las estructuras de poder lo transformó en una forma más de hacer negocio para la elite.


La resistencia es inherente a la configuración de la estructura social e institucional latinoamericana. Hay que recordar que las repúblicas latinoamericanas fueron producto de la sublevación de los criollos descendientes de los conquistadores, cuando se vieron relegados a un segundo plano por los privilegios que la Corona española les daba a los peninsulares, en la gestión y acceso a las riquezas. Los fundadores de estas nuevas repúblicas eran los dueños de las tierras, y de las minas y otros medios de riqueza. No incluían, más que formalmente, a los indígenas y a los esclavos que no tenían peso económico.


Las nacientes repúblicas, a diferencia de los Estados Unidos donde, aunque existían diferencias económicas, existía la posibilidad de hacer alianzas y contrapesos entre los diversos sectores sociales y económicas para intervenir en política; las repúblicas latinoamericanas nacieron “con los dados cargados”. Los criollos que ocuparon todo el espectro de poder, frente a las grandes mayorías étnicas incluidas solo como carne de cañón en los combates por la independencia y las múltiples guerras civiles.


Este desequilibrio de pesos e influencias sociales es el que ha pesado en las relaciones de poder en nuestra América y es un problema, que solo puede ser superado con soluciones sistémicas, esto es:

a) por políticas audaces que estimulen la producción en la tierra de vocación agrícola, subutilizada en grandes latifundios.

b) Con programas de educación y capacitación, de calidad, incluyentes de los excluidos de siempre.

c) Incorporando a los excluidos organizados en la elaboración de proyectos de organización y capacitación masiva, que en simbiosis con los técnicos institucionales encuentren vías de superación y capacitación, que les permitan generar ingreso y dinamizar las economías locales, regionales y nacional.


¿Pero es posible construir capital social con la participación activa de los excluidos?

Sí, si se actúa sobre el sistema rompiendo los círculos viciosos de exclusión aprovechando las amenazas sobre el tejido social y las coyunturas nuevas que se abren con los flujos migratorios.


Existen experiencias exitosas en nuestro país como el Hospital sin Paredes, además una metodología de capacitación masiva con resultados probados en tres continentes, que abre espacios para una acción sistemática acumulativa.


Reorganizar la política social como colocándola como factor de desarrollo sistémico que impulse la inclusión con educación y oportunidades es una pieza fundamental de la reforma institucional, que permita crear republicas democráticas que garanticen bienestar y sostenibilidad social y ambiental. De otra forma el narcotráfico, apoyado por los excluidos y desesperados irá tomando los poderes locales y nacionales de los estados fallidos.


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