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El derecho de las comunidades indígenas

En la década de los 50 se empezaron a alzar las voces para acabar con la invasión violenta de las tierras de los indígenas. Se tomaron entonces las primeras medidas legales de protección, pero esto fue solo en el papel. El despojo de las tierras y el maltrato continuaron, cohonestadas por las autoridades que dieron prioridad a los colonos sobre la población originaria. Yo fui testigo de estos atropellos, e incluso tengo una copia, que me facilitó un funcionario indignado por la falta de acción, de los planos realizados por el ITCO en 1971 en la zona de Buenos Aires donde se detallaba los terrenos ocupados por grandes terratenientes incluyendo extranjeros. Finalmente, en 1976 se aprobó una ley donde si bien se reducía el tamaño de las reservas se definían los límites y se garantizaba la posesión inalienable para las comunidades indígenas, aunque estas tierras fueron inscritas a nombre del ITCO como garante, que después se transformaría en IDA. Lamentablemente, esto se quedó de nuevo en el papel. El IDA, sucesor del ITCO, interesado en satisfacer las demandas partidarias empezó a repartir estas tierras entre las clientelas políticas, creándose así un verdadero pandemónium de violencia con asesinatos cada vez más frecuentes. Por una parte, los campesinos llevados a esas tierras, unos por el IDA, y otros aprovechando la pasividad y tolerancia institucional, sienten que sus intereses, están siendo vulnerados. Por otra parte, los indígenas o población originaria ya organizados reclaman con justa razón la legalidad y el derecho a la propiedad que les dan las leyes costarricenses. Sus reclamos de justicia no se limitan a las instancias nacionales, de las cuales esperan poco, sino que recurren cada vez con más fuerza a las vías de hecho y a las instancias internacionales para hacer valer sus derechos.

En mi criterio dada la deuda histórica con la población indígena y el desprecio y la connotación racista, de los abusos cometidos por las instituciones agrarias la Fiscal general debe enjuiciar, a los funcionarios que, a contrapelo del derecho de la propiedad y las leyes vigentes, distribuyeron tierras de las comunidades entre clientelas partidarias.

¿No es que estamos en un régimen de derecho que nos protege a todos? O es que la Ley se hizo solo para aplicarla a “los de poncho” como dicen en Ecuador


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