La tasa de homicidios locales en Puntarenas y Limón, producto de las luchas por el poder territorial entre bandas de narcotraficantes, ha venido creciendo y supera ya la de países de alto índice de criminalidad. Dos Oscar Madrigal citó al respecto las declaraciones del director del OIJ en canal 7 quien expresó “Que si separan las estadísticas de homicidios por provincias o sectores geográficos, Limón tendría una tasa de 32 homicidios por cien mil habitantes, TASA SIMILAR a México y otros países igual de violentos”.Como país estamos dormidos frente a la gravedad de los hechos, pensando que esto no es en Costa Rica, mientras que el cáncer de la violencia hace metástasis en las comunidades y toma posiciones discretamente en instituciones locales y nacionales.
Nuestra posición como puente entre Colombia y los países consumidores nos ha hecho especialmente atractivos para el tráfico terrestre de drogas. Por una parte, el creciente control de los mares y los aires por los Estados Unidos ha desestimulado estas vías, y por otra el desempleo y la pobreza de las costas ha creado condiciones favorables para la penetración y arraigo de este oscuro y peligroso negocio para la institucionalidad.
Esta penetración que ha encendido las alarmas, en los colegios de Limón y Puntarenas, que han testigos de asesinatos y violencia en plena luz del día, no ha sido adecuadamente valorada por la sociedad y la prensa nacional.
Esta violencia, sin embargo no debe sorprendernos, el abandono y descuido de estas regiones durante las últimas décadas, por parte de las políticas públicas, ha estimulado la desigualdad de oportunidades e ingreso, al mismo tiempo que ha promovido y fortalecido el negocio del narco tráfico.
Este descuido no es solo producto de miopía política, intereses de diverso tipo tanto de potencias celosas de su hegemonía, como de empresarios interesados en la falta de controles aduaneros, ha saboteado acciones y proyectos tendientes a incidir sobre las causas y condiciones que han permitido el crecimiento de esta hidra.
Durante los últimos dos gobiernos, hubo resistencia a poner en funcionamiento los escáneres donados por el gobierno chino para controlar la salida de mercancías en las aduanas, con el pretexto que las instrucciones estaban (sic) en chino.
Lo más grave, sin embargo, fue meter al congelador el proyecto de Zona Económica Especial tipo chino, que abarcaba Limón, San Carlos y Puntarenas, precisamente las regiones más afectadas. Este proyecto que se le ofreció al país para ser aplicado con esa modalidad, por primera vez fuera de China. Se debió haber iniciado en el 2015 y concluiría en el 2035. Lo interesante de este proyecto es que no se limitaba a las inversiones en equipo e instalaciones, sino que incluía la formación profesional de las poblaciones. Esto es creaba el capital humano capaz de operar y poner en marcha el proyecto, en una región carente de este capital.
Presiones externas, por el temor al crecimiento de la influencia china en la región paralizaron esta iniciativa, sin ofrecer a cambio nada más que más barcos y armas para controlar los efectos del narcotráfico.
Desde luego que los chinos tienen sus intereses en nuestro país y en la región por su estratégica posición geoeconómica para tener acceso a los mercados del norte y del sur del continente, pero esto no debe ser un obstáculo para negociar con ellos y los norteamericanos, manteniendo nuestros intereses en primer lugar. Esto no significa, que por nuestra posición geográfica no debamos considerar los intereses legítimos de todas las partes, pero es el bienestar nacional el que debe orientar nuestra política. Ya no estamos en la época de las repúblicas bananeras, donde teníamos que hacer genuflexiones porque si no nos enviaban una cañonera. Esto nos lo ha enseñado con su ejemplo Panamá, que desde que asumió el control del canal ha despegado económica y socialmente distanciándose positivamente de nosotros
El poder del narco no reside solo en su capacidad de reclutamiento e involucramiento activo de la población excluida, sino en su poder económico para comprar funcionarios, retrasar y torcer procesos administrativos y judiciales, en una institucionalidad ya de por sí lenta y pesada, carente de controles efectivos. Frente a esta modorra y estancamiento que permite y estimula la impunidad, actúa la acción terminante de los gatilleros, que en pocas horas permiten resolver, con la ley de fusil los asuntos que les interesa.
Como se puede apreciar es una lucha oculta pero constante del narco tráfico por el poder público, que el sistema institucional solo puede enfrentar actuando sobre las causas de a desigualdad, creando oportunidades y ajustando la institucionalidad a las condiciones de guerra virtual en que estamos inmersos. Esto significa, además aprovechar nuestras ventajas geopolíticas, pero sobre todo, transformar la una política social, de pasiva a proactiva involucrando a las comunidades y grupos organizados en las tareas de inteligencia contra la subversión pero sobre todo transformándolos en actores activos de ejecución y apoyo al desarrollo. Esto es descentralizando e apoderando a las comunidades organizadas en la gestión pública.
No lloremos mañana por la democracia que perdimos en manos del terror, pudiendo defenderla hoy.